Derivado de las auditorías que la Contraloría del Estado continúa aplicando a las diversas áreas de la administración pasada, fue encabezada por el contador público Jorge Herrera Caldera, trascendió que fueron solicitados 8 amparos más a favor de ex funcionarios estatales.

Aunque esta medida, a decir de la contraloría, no detiene la aplicación de la ley.

En conferencia de prensa, Rosario Castro Lozano, titular de la Contraloría, señaló claramente que no puede proporcionar los nombres de quienes hoy se encuentran amparados, pero sí pudo señalar las dependencias a las que pertenecen estos ex funcionarios.

De tal suerte que mencionó que “esto no debe de sorprender, lo hemos manifestado en los paquetes federales, la Secretaría de la Contraloría debe estar requiriendo conforme se presentan evidencias de las distintas áreas sustantivas propias de la Secretaría o de otras”.

“Pero no quiere decir que podemos juzgar, sino que se tiene que dar un requerimiento, una garantía de audiencia y presentar el funcionario para aclaraciones, posterior a esto, sí hay un enfoque entonces ya hay requerimiento para un proceso y se le tiene que dar garantía y en razón a esto, en el artículo 47, ya hay ocho amparos”.

“La firmeza del Gobernador José R. Aispuro, al darnos instrucciones de que cada tema tendrá que ser firme en su defensa legal, sea contencioso administrativo o en materia federal y en razón a esto, no es de extrañar que se hayan presentado los amparos”, dijo la entrevistada.

De tal manera Castro Lozano remarcó que por ley no puede proporcionar nombres, “pero si puedo mencionar que los ex funcionarios pertenecían a áreas sustantivas de la Secretaría de Gobierno, SECOPE, DIF y Transportes del Estado, así como de la Secretaría de Desarrollo Social y seguramente se debe al procedimiento que se está siguiendo”.

“Quiero destacar que no es justicia selectiva, pero tampoco hay “borrón”, en Durango se llevan las cosas con cada paso y si se presentan recursos se hace en los términos de ley y conforme a la defensa de los intereses ciudadanos”, remarcó.

Comentó que seguramente este tipo de amparos lo que buscan es retrasar los procedimientos de auditoría, pero señaló que lo único que se podrá lograr es precisamente esto, retrasar, pero jamás un amparo podrá resolver el proceso al que finalmente se tendrá que responder.

“Este es un proceso que tendrá firmeza legal para sacarlo adelante”, afirmó.

Recordó que de 57 requeridos, sólo se han presentado ocho amparos, pero el resto continúa en un procedimiento normal y cada semana la secretaría podrá ir desahogando o litigando procedimientos en otros niveles.

Agregó que en materia federal se tienen 128 procedimientos en pliego de observaciones y probables responsabilidades, de ahí que cada semana la contraloría continúa con los requerimientos a ex funcionarios, por lo que puede encontrarse aún más amparos.

Se trata de 365 millones de pesos lo que se tiene en observaciones, inconsistencias y probables irregularidades de mezcla de recursos estatal y federal que fue detectada por la dirección de obras públicas.