La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo sobre las medidas de austeridad anunciadas hace unas semanas, que incluyen un compromiso de ahorro de hasta mil 900 millones de pesos.

También difundió el Manual que regula las remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, informó en una tarjeta informativa el Poder Judicial de la Federación.

Detalló que las medidas incluyen un compromiso de ahorro de hasta mil 900 millones de pesos a lo largo del ejercicio fiscal 2017, sin demérito de las metas institucionales aprobadas para cada uno de los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Dichas medidas de contención del gasto son adoptadas en respuesta a la coyuntura económica internacional y la nacional, derivada del alza a los combustibles, explicó.

Según el Acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en materia administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, las medidas se desarrollarán bajo la premisa de que la actividad jurisdiccional no se verá afectada.

“Las medidas que habrán de instrumentarse garantizarán en todo momento condiciones necesarias para una operación eficiente, que asegure el cumplimiento de las funciones del Poder Judicial de la Federación y aquellas obligaciones constitucionales establecidas para satisfacer la demanda ciudadana de acceso a la justicia”, destaca el Acuerdo.

El Poder Judicial de la Federación manifestó que es sensible al entorno económico que enfrenta el país y está atento al impacto que generan diversas condiciones nacionales e internacionales, los incrementos en los precios de los combustibles y una serie de factores coyunturales.

Explicó que el ahorro incluirá las áreas de servicios personales, administración de recursos materiales y servicios generales.

Además, administración de inmuebles y obra pública, tecnologías de la información y viáticos y pasajes, entre otras.

“Para lograr el ahorro comprometido, se acordó diferir proyectos de obra pública no prioritarios, racionalizar los gastos de viáticos y pasajes así como la adquisición de  bienes, muebles e inmuebles y de gastos de ceremonial y difusión”.

En el rubro de servicios personales, se establece que la creación de plazas obedezca a las necesidades institucionales indispensables para la atención de asuntos prioritarios y estratégicos.

Además, se sujetará a la autorización de las instancias competentes de cada órgano del Poder Judicial de la Federación.

Se limitarán los contratos de prestación de servicios profesionales a los estrictamente indispensables, y las plazas que permanezcan vacantes por más de seis meses se destinarán a cubrir requerimientos prioritarios o estratégicos.